Capítulo 5.2

La gestación del Museo Arqueológico Nacional

Jorge Maier Allende

Doctor en Prehistoria y Arqueología (Premio extraordinario) por la Universidad Autónoma de Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia (2007), Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán (2010), Miembro del Patronato de la Winckelmann Gesellschaft (Stendal, Alemania) (2011) y Académico Corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia (2019).

La Corona formó varias colecciones de antigüedades que, en el siglo XIX, constituyeron las colecciones fundacionales del Museo Nacional del Prado y del Museo Arqueológico Nacional. Si bien los monarcas de la casa de Habsburgo fueron los que iniciaron la adquisición de antigüedades, principalmente de esculturas y monedas antiguas, fueron los monarcas de la casa de Borbón los que incrementaron de forma notable estas colecciones e impulsaron decididamente los estudios arqueológicos. Este importante conjunto de obras antiguas principalmente clásicas (aunque también de otras procedencias, especialmente americanas) se destinaron tanto a la decoración de los distintos palacios como al enriquecimiento de dos establecimientos científicos públicos principalmente: la Real Librería y el Real Gabinete de Historia Natural.

Hay que tener en cuenta también que la creación de los museos se inició precisamente por impulso de la Corona en el siglo XVIII, una cuestión que frecuentemente no es muy tenida en cuenta. En efecto, ya Carlos III durante su reinado en Nápoles, creó, ante la magnitud de los descubrimientos en las excavaciones de Herculano primero y de Pompeya poco después, el Real Museo de Portici o Museo Ercolanense en 1758, el primer museo arqueológico de sitio creado en Europa, que constituyó sin duda un referente¹. Una vez en el trono hispano refundó el Real Gabinete de Historia Natural e incluso, como es bien conocido, promovió en 1785 la construcción de un establecimiento específico para ello, el primero de esta tipología arquitectónica diseñado en España.

Esta importante dinámica fue continuada y acrecentada durante los reinados de Carlos IV y de Fernando VII, en la que no sólo se crearon nuevos establecimientos, como el Real Museo Militar por real orden de 29 de marzo de 1803 e inaugurado en el antiguo palacio de Monteleón en 1805, y el Real Museo de Pintura y Escultura en 1819, sino que también fue acompañada, además, para el caso de las antigüedades, de la promulgación de medidas legislativas protectoras que configuraron lo que podríamos denominar un primer sistema de protección del patrimonio histórico-artístico-arqueológico, como veremos, que fueron determinantes en el proceso de creación de un Museo Nacional de Antigüedades.

La Real Biblioteca y su Gabinete de Antigüedades

Una de las primeras medidas de la política cultural de Felipe V fue la creación en palacio y con carácter público la Real Librería en 1711, siguiendo la tradición familiar. Este establecimiento que abrió sus puertas en 1712, aunque no tuvo sus primeros estatutos hasta 1716², se ubicó en varias estancias de la llamada “Casa del Tesoro”, acondicionadas al efecto por Teodoro Ardemans. En ella se reunieron las diversas librerías del rey que existían en distintos lugares del Alcázar, varias librerías incautadas a distintos nobles y eclesiásticos partidarios del Archiduque de Austria, así como una donación del propio monarca. De acuerdo con una tradición que se remonta al Renacimiento las librerías tenían asociado un gabinete de antigüedades, normalmente integrado por pequeños objetos, antiguos o singulares, y especialmente un monetario (monedas antiguas y modernas, medallas y camafeos). De él se ocupó en un principio el P. Pedro Robinet, confesor del rey y principal impulsor de la creación de la Real Librería, hasta su destitución en 1715. Según se señalaba en el artículo V de los primeros estatutos: “El Bibliotecario mayor señalará a cada uno de los Bibliotecarios, cada año, la parte de la Librería de que han de cuidar, y además señalará a cada uno la parte de los recóndito de la Librería, como los manuscritos, instrumentos matemáticos, monedas y medallas, y demás curiosidades”. No obstante, en los años siguientes el Gabinete quedó desatendido, hasta que Felipe V mandó llamar expresamente a Paul Lucas (1664-1737) en 1736, eminente viajero y anticuario de Luis XIV, sin embargo, falleció en Madrid al poco tiempo de su incorporación. Tras otro corto intervalo de tiempo, en el que se ocuparon del gabinete y de su primera instalación Blas Antonio Nasarre, bibliotecario mayor, auxiliado por Manuel Martínez Pingarrón³, Felipe V le confío la dirección del Gabinete de Medallas y Antigüedades, al jesuita Alejandro Panel (1699-1777) y en 1743 le nombró su Anticuario Real y preceptor de los Infantes, el único que ostentó este cargo. Tras su fallecimiento, el entonces Bibliotecario Mayor, Francisco Pérez Bayer, asignó el cuidado del Gabinete a Guillermo López Bustamante (1759-1800) en 1784 quien fue su responsable hasta los albores del siglo XIX. Desde entonces y hasta la invasión francesa no hubo un encargado específico del gabinete, y se ocuparon puntualmente de él los bibliotecarios designados por el Bibliotecario Mayor, Pedro de Silva y Sarmiento, entre otros, José Antonio Conde, anticuario de la Real Academia de la Historia, y Ambrosio Rui Bamba.

Desde su fundación, el Gabinete de Antigüedades de la Real Librería fue nutriéndose por compras, donativos o hallazgos de diversos materiales, especialmente numismáticos⁴. Entre otros cabe señalar que en 1746 el marqués de la Ensenada adquirió, por real orden (360.000 reales) el importante monetario del abad Charles d'Orléans de Rothelin (1659-1744); entre 1745 y 1759 Fernando VI comisionó a Francisco Pérez Bayer para la adquisición en Italia de monedas, antigüedades y materiales librarios con destino a la Real Librería en los que se invirtieron 75.000 reales⁵. En 1786 Carlos III adquirió (120.000 reales) el monetario de Alessio Simmacho Mazzochi (1685-1771), anticuario capuano y miembro de la Accademia Ercolanese, así como el del Infante don Luis (70.000 reales). Un año después Carlos III mandó remitir al gabinete de la Real Biblioteca gran parte de un conjunto de antigüedades que había mandado adquirir al director del Museo Ercolanense, Camilo Paderni en Italia, entre ellos varios mosaicos romanos de la colección del cardenal Camillo Massimi y un importante lote de bronces romanos. En 1788 ingresó por compra (36.000 reales) el monetario de Pedro José de Estrada Tamariz, escribano público en Córdoba, aunque natural de El Puerto de Santa María. En 1793 se adquirió (300.000 reales) el magnífico monetario y antigüedades del Infante don Gabriel. A finales de 1802 se mandó integrar el monetario de los Reales Estudios de San Isidro en el de la Real Biblioteca.

Mosaico de gladiadores de la colección del cardenal Massimi adquirido por Carlos III

©Museo Arqueológico Nacional

Con todas estas importantes adquisiciones, más otras cuantiosas de menor entidad, el Gabinete de Monedas y Antigüedades de la Real Biblioteca se erigió sin duda en el principal y más importante del reino y uno de los más prestigiosos de Europa a comienzos del siglo XIX⁶. No obstante, debido al notorio estado ruinoso en que se encontraba el edificio, José Bonaparte dispuso el derribo de la "Casa del Tesoro"⁷ y el traslado de la Real Biblioteca y su Gabinete de Antigüedades por decreto de 26 de agosto de 1809 al convento de la Trinidad Calzada en la calle Atocha⁸.

El Real Gabinete de Historia Natural

La primera tentativa de creación de un Real Gabinete de Historia Natural tuvo lugar durante el reinado de Fernando VI a propuesta del marino Antonio de Ulloa en 1752, que fue nombrado su director. Lamentablemente, este primer establecimiento, que se conoció como Real Casa de Geografía y Gabinete de Historia Natural, y que tuvo su sede en un edificio de la calle Magdalena y fue dotado de materiales, instrumentos y personal, apenas existió tres años. En efecto, en 1755 Ulloa presentó su dimisión y los hasta entonces materiales e instrumentos reunidos se dispersaron en otras instituciones o colecciones. Cabe señalar que, además de las colecciones propias de historia natural, también albergó antigüedades, como fueron, por ejemplo, las recogidas por Antonio Ulloa y Jorge Juan en Ecuador en el curso de la expedición Geodésica. Y en 1753 el entonces secretario de Estado, José Carvajal y Lancaster, expidió un real decreto el 14 de julio por el que: “[…] está mandado a los Corregidores, y Justicias del Reyno, remitan a Madrid, y a la casa establecida de Geografía todas las piezas de antiguedad que se hallasen, con expresión del sitio en que se encuentren, como son Estatuas de mármol, bronce, u otro metal, rotas, o enteras, Pavimentos Mosaicos, o de otra especie, herramientas, o instrumentos de madera, piedra, o suela, monedas, o lapidas, y lo que de ellas se diga por Escritos, Tradiciones, o noticias; que las dichas Justicias deben comunicar a los Intendentes, estos para pagar el coste del descubrimiento de cuenta de la Real Hacienda, y dar el aviso con su remisión a S. M. por la via reservada, o por el Ministro que corre en la dirección de la casa de Geografia, y según se les tiene prevenido, para que el citado Decreto tenga efecto”.

Tras esta primera tentativa en 1767 Pedro Franco Dávila (1711-1786), natural de Guayaquil (Ecuador), ofreció a Carlos III su rica colección de historia natural y antigüedades, cuyo catálogo razonado había publicado en París⁹. Mandó el rey al marqués de Grimaldi que se pidiese su parecer al P. Enrique Flórez, quien informó favorablemente su adquisición, aunque el monarca no se decidió entonces a su compra. Cuatro años después Dávila insistió de nuevo y tras solicitar un segundo informe al P. Flórez, en el que propuso la necesidad de crear de un Gabinete de Historia Natural público, Carlos III ordenó su adquisición el 17 de octubre de 1771 y nombró, a propuesta también de Flórez, director de este a Dávila. Dos años después el rey ordenó la compra del palacio de Juan Javier de Goyeneche, marqués de Velzunze y conde de Saceda en la calle de Alcalá para la instalación del Real Gabinete de Historia Natural y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tras las obras de adaptación del edificio a los fines encomendados a cargo del arquitecto Diego Villanueva, el establecimiento, ubicado en la segunda planta del edificio, abrió sus puertas al público el 4 de noviembre de 1776.

Planta del Real Gabinete de Historia Natural, Diego de Villanueva, 1773.

©Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Como hemos señalado, entre las colecciones de Franco Dávila había una sección importante de antigüedades que incluían vasos griegos y otros materiales cerámicos, inscripciones, medallas, bronces romanos y egipcios, bustos, bajorrelieves, armas y utensilios de pueblos antiguos y modernos. A la colección de Dávila se agregaron los materiales que habían quedado de la antigua Real Casa de Geografía, más otro conjunto que se conservaba en la Real Librería, y más tarde otro que había pertenecido al Infante don Gabriel.

Desde su fundación Carlos III ordenó que se expidieran órdenes a los Intendentes de las Provincias de la Península como a los Virreyes del Nuevo Mundo para que remitieran todo tipo de materiales para el aumento de las colecciones, entre los que, según la concepción de la época, se incluían las antigüedades, como ya había sido decretado como hemos visto. Por ello, en el Real Gabinete de Historia Natural ingresaron distintos conjuntos de antigüedades hispanas y precolombinas, así como una cantidad notable de materiales etnográficos, desde su fundación hasta la primera mitad del siglo XIX¹⁰.

Sin la intención de ser prolijos, cabe destacar que en 1753 había ingresado en el primer establecimiento por orden del marqués de la Ensenada la estatua de basalto del sacerdote egipcio Harsomtusemhat. En 1776 ingresó un interesante conjunto de joyas de oro, camafeos y doscientas monedas de plata romanas procedente de excavaciones que se llevaron a cabo en La Alcudia (Elche). En 1789 un conjunto de piezas de oro de orfebrería nazarí procedente de Mondéjar (Granada). En 1791 otro conjunto de antigüedades romanas procedentes de Villa de Campos (Palma de Mallorca) y en 1793 ingresaron dos oinochoes fenicios y cuatro vasos de alabastro egipcios procedentes de las excavaciones de la necrópolis fenicia en “Casa de la Viña”, cerca de Torre del Mar (Vélez-Málaga)

Estatua de basalto del sacerdote egipcio Harsomtusemhat

©Museo Arqueológico Nacional

Especial interés revisten los ingresos de antigüedades precolombinas (todas ellas hoy en día conservadas en el Museo de América), fruto sin duda del interés por promover su estudio y las consecuentes disposiciones que se ordenaron para recoger dichas antigüedades, especialmente desde la formación y publicación de la Instrucción sobre geografía, física, antigüedades, mineralogía y metalurgia de Nueva España, redactada por Antonio Ulloa en 1777¹¹.

De la primitiva colección de la Real Casa de Geografía procede un conjunto de 263 cerámicas antiguas peruanas remitido por el corregidor de la ciudad de Trujillo, Miguel Feyjoo y Sosa (1718-1791), quien llevó a cabo excavaciones en la Huaca de Tantalluc (hoy Tantarica), que se considera la primera excavación estratigráfica del Nuevo Mundo¹².

En 1789 ingresó un conjunto de piezas procedentes de la ciudad maya de Palenque, entre las que cabe destacar la “Estela de un dios maya del trono del rey Pakal”, recogidas en el curso de las expediciones de Antonio Bernasconi y especialmente de Antonio del Río mandada realizar por Carlos III por real orden de 15 de marzo de 1786.

Entre 1788 y 1790 ingresó la colección formada por el obispo de Trujillo en el Virreinato del Perú, Baltasar Martínez Compañón de cerámica antigua peruana en dos envíos el primero de casi trescientas piezas y el segundo de 195 cerámicas. En 1793, el botánico José Pavón, miembro de la Real Expedición Botánica al Perú y Chile (1777-1788), en compañía de Hipólito Ruiz y Joseph Dombey, remitió varios materiales, entre ellos un conjunto de cerámicas antiguas peruanas recogidos en el curso de dicha expedición.

El Real Gabinete de Historia Natural fue sin duda el gran proyecto museográfico de carácter público del Siglo de las Luces y, como es bien conocido, para el único establecimiento que se promovió un edificio específico para albergar sus colecciones, que finalmente no se materializó con este fin debido a la guerra de la Independencia y a otras circunstancias, como veremos.

Antecedentes y primeras tentativas de crear un Museo de Antigüedades en el reinado de Carlos IV

La Real Academia de la Historia fue uno los principales centros de la arqueología ilustrada. Desde prácticamente su fundación en 1738 se preocupó por reunir noticias sobre las antigüedades hispanas, promovió los llamados “viajes literarios”, verdaderas expediciones arqueológicas, entre los que cabe destacar el Viaje de las antigüedades de España (1752-1765) patrocinado por Fernando VI y llevado a cabo por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, bajo la tutela del marqués de la Ensenada y la dirección de Agustín de Montiano. Asimismo, estableció una importante red de informadores que cristalizó con la creación de la categoría de Académicos correspondientes en 1770 en las distintas provincias que remitieron a la corporación numerosas noticias sobre antigüedades¹³. Con la reforma de los estatutos en 1792, confirmados por Carlos IV por real cédula de 15 de noviembre, se creó formalmente la Sala de Antigüedades, que constituye la creación del primer servicio oficial de protección y conservación de los monumentos históricos y precedente inmediato de las medidas legislativas adoptadas a partir de ese momento. La Sala de Antigüedades de la Real Academia de la Historia desarrolló una intensa actividad, asumió antiguos proyectos propios de su ramo, retomó e impulsó los “viajes literarios” o expediciones arqueológicas y la formación de la colección de inscripciones de España e informó sobre cuantos asuntos le requirió la secretaría de Estado. Entre todos ellos fue de especial relevancia para el tema que nos ocupa la petición del entonces secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo, el 22 de junio de 1800 sobre un medio para conservar los descubrimientos hechos o que se hiciesen de antigüedades.

Mariano Luis de Urquijo, secretario de Estado de Carlos IV y José Bonaparte, por Goya (colección particular)

El oficio remitido por Urquijo, ya que no real orden, se leyó en junta académica de 27 de junio de 1800 y, en consecuencia, se acordó nombrar una comisión integrada por José de Guevara, Joaquín Traggia e Isidoro Bosarte. Pocos días después (11 de julio de 1800), Guevara leyó el plan de recogida y conservación de las antigüedades de España, que fue aprobado por la Academia, aunque se encargó a la comisión que lo perfeccionase antes de remitirlo. Este informe no se ha conservado, pero nunca se llegó a enviar a Urquijo, tal vez al sospecharse la proximidad de su caída. Urquijo fue efectivamente depuesto, desterrado y encarcelado seis meses después de la remisión de su oficio al entonces secretario Antonio Capmany. 

Así el plan general no fue de nuevo presentado a la Academia hasta el 13 de noviembre de 1801, es decir, casi un año después. En esta misma sesión fue aprobado para su remisión a la Secretaría de Estado, de la que ahora era titular Pedro Cevallos Guerra (1750-1838), pariente político de Godoy. En el plan general, se definían los distintos restos de antigüedades que habían de someterse a protección y el modo en que había de llevarse a cabo, que se resumían en dos conceptos: “Reglamentos sabios y caudales prontos”. Respecto al primero de ellos, el cual se encargaría de formar la Academia, se advertía: “Tres son los respetos con que se deben mirar las antigüedades, y son: su descubrimiento, su explicación y su conservación y custodia”. Los “caudales prontos” eran necesarios para las correspondientes indemnizaciones a los propietarios de las antigüedades halladas, a no ser que hubieran tenido lugar en terrenos de realengo o municipales.

El plan general, junto con la copia del oficio remitido por Urquijo, fue enviado a Cevallos, el 19 de noviembre de 1801. Es interesante señalar que en el oficio de remisión, Capmany sugirió que: “Los monumentos de fácil transporte como medallas, ídolos pequeños y cosas de poco volumen pueden venir a la Academia para enterarse por inspección ocular de su mérito e importancia”. Propuesta de la que se puede inferir que la Academia ya sopesaba en estos momentos la posibilidad de crear un museo de antigüedades en el seno de la corporación, en la que ya de hecho existía un gabinete de antigüedades y un monetario a cargo del académico anticuario desde 1763.

El 30 de enero de 1802, Cevallos comunicó de real orden que el rey había aprobado todas las disposiciones propuestas por la Academia y que así se lo participaba al gobernador del Consejo de Castilla, José Eustaquio Moreno Aguilar, concuñado de Godoy. Pocos meses después, Cevallos solicitó de real orden que la Academia remitiera al Consejo la Instrucción que había de formar sobre el reconocimiento y conservación de los monumentos antiguos que se descubran en el reino para que, una vez reconocida, se formase una real cédula para hacerla imprimir y circular, por lo que la Academia acordó que dicha Instrucción la redactase la Sala de Antigüedades.

La Instrucción formada de orden de S. M. por la Real Academia de la Historia, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno, redactada por los individuos de la Sala de Antigüedades, fue aprobada en junta ordinaria del 29 de mayo de 1802 y remitida a Cevallos en julio de ese mismo año. La real cédula fue expedida el 6 de julio de 1803 y se hizo circular inmediatamente. Posteriormente y para ampliar su conocimiento, se insertó en la Novísima Recopilación, publicada en 1805, como la ley 3ª del título 20, Libro 8º. Esta disposición es por tanto muy importante, ya que fue la única que existió durante bastante tiempo y a la que siempre se remitió la Real Academia de la Historia para reclamar la exclusividad de esta competencia en las distintas medidas que se adoptaron para la protección del patrimonio histórico-artístico en el estado liberal y, especialmente, en la creación de un Museo de Antigüedades Nacionales, como veremos.

La idea de que la Academia de la Historia sopesara ya en este momento la creación de un museo de antigüedades españolas con los frutos recogidos de la inspección oficial que se le había encomendado, podría haber sido perfectamente acogida por Godoy quien precisamente había impulsado en ese momento la creación del Real Museo Militar (R.O. 29 de marzo de 1803) bajo la dirección del Real Cuerpo de Artillería, que fue instalado en el antiguo palacio de Monteleón, como apoyo a la instrucción y la enseñanza¹⁴. De hecho, la necesidad de fomentar la creación de museos, como centros de investigación e instrucción pública, estaba ya plenamente arraigada en estos años, como lo demuestran, por ejemplo, los proyectos para edificios de museos que se presentaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para la obtención del título de Maestro Arquitecto.

Cabe señalar, como epílogo a estos momentos que durante el Gobierno Intruso tuvieron lugar varios hechos significativos. Por una parte, que José Bonaparte mandó crear, por decreto de 22 de diciembre de 1809, refrendado por su secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo, un museo o galería pública de pinturas, el llamado Museo Josefino -por equiparación al Museo Napoleón- que se considera el antecedente inmediato de lo que luego fue, pocos años después, el Real Museo de Pintura y Escultura. El proyectado museo, ya que no llegó a formalizarse finalmente, se mandó ubicar en el palacio de Buenavista (decreto de 22 de agosto de 1810), con los cuadros que se habían ido reuniendo procedentes de los conventos suprimidos y los sitios reales en los conventos del Rosario (el principal depósito), de la Trinidad y de San Francisco el Grande. Como es bien conocido el mal estado de conservación del palacio de Buenavista como problemas de financiación no hicieron viable la materialización de este primer proyecto de museo de pinturas.

En segundo lugar, José Bonaparte ordenó la demolición de la Casa del Tesoro y por tanto el traslado de la Real Biblioteca y su Gabinete de Antigüedades que pasó a instalarse en el convento de la Trinidad Calzada en la calle Atocha donde permaneció diez años y con la que se inicia un periodo de traslados que alcanzó hasta 1826 como veremos a continuación.

El reinado de Fernando VII y la primera propuesta de creación de un Museo de Antigüedades

Tras la Guerra de la Independencia y el retorno de Fernando VII al trono la dinámica en la creación de museos se intensificó y, como es bien conocido, mandó establecer el Real Museo de Pintura y Escultura en 1819 en el edificio del Paseo del Prado destinado en principio a gabinete de Historia Natural. Es interesante señalar que, tras sopesar su instalación en el palacio de Buenavista en 1814, que fue por los mismos motivos anteriormente citados descartada, se quiso asociar a la Real Academia de Bellas de Artes de San Fernando, idea que no se llevó a cabo finalmente y se creó como una institución independiente.

El hasta entonces Real Gabinete de Historia Natural, que continuó en la sede del palacio Goyeneche, compartida con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se transformó por real orden de 1 de octubre de 1815 en Real Museo de Ciencias Naturales en el que se integraron el Real Jardín Botánico, el Real Laboratorio de Química y el Real Estudio de Mineralogía, a los que se sumó en diciembre de ese mismo año el Real Observatorio Astronómico. De acuerdo con el concepto de museo entonces imperante como centros de instrucción superior, se establecieron diversas cátedras.

Por otra parte, Fernando VII mandó por real orden de 26 de marzo de 1819 el traslado de la Real Biblioteca y su gabinete de antigüedades a la llamada Casa del Consejo del Almirantazgo donde permaneció hasta que mandó comprar (por real orden de 16 de septiembre de 1825) la casa del marqués de Alcañices frente al convento de la Encarnación, que fue acondicionada por el arquitecto Juan Antonio Cuervo y en la que se estableció el 11 de junio de 1826 y donde permaneció hasta 1895.

Otro aspecto importante que no nos debe pasar desapercibido es el que Fernando VII mandó a los alcaldes y justicias observar en dos ocasiones la real cédula de 1803 relativa a la conservación de antigüedades del reino. En efecto, a petición de la Real Academia de la Historia como consecuencia de las agresiones sufridas de los restos arqueológicos de las antiguas ciudades de Segóbriga (Cuenca) e Itálica (Sevilla), el Consejo de Castilla mandó expedir una circular el 2 de octubre de 1818 y una segunda el 19 de septiembre de 1827 respectivamente.

En este contexto de impulso de la instrucción pública, así como de medidas para la conservación del patrimonio monumental en la política cultural de la Corona no es extraño que surgiera la primera propuesta de creación de un Museo de Antigüedades, del que sin duda la creación del Real Museo de Pintura y Escultura fue un estímulo, especialmente si tenemos en cuenta que en 1829 fue cuando se produjo el traslado de la colección de escultura clásica del palacio de la Granja de San Ildefonso a este establecimiento.

El 15 de enero de 1830 Manuel González Salmón, secretario de Estado de Fernando VII, remitió una real orden a la Real Academia de la Historia para que informase sobre una exposición de José Musso, José Gómez de la Cortina y Antonio Montenegro en la que proponían que: "se forme por separado y absolutamente independiente de todos los demás establecimientos un Museo de Antigüedades en el que se conserven los tesoros que de este género posee la España". Musso y Gómez de la Cortina eran académicos supernumerarios y muy vinculados a este Cuerpo Literario, sobre todo el primero de ellos, mientras que el segundo era además persona muy cercana a Fernando VII, pues era su Introductor de Embajadores¹⁵. No obstante, la exposición no sentó muy bien en el seno de la Academia de la Historia, debido a que fue una iniciativa particular y mal planteada a juicio del director Martín Fernández Navarrete y el secretario Diego Clemencín, al desligar la iniciativa de la propia institución que veía peligrar la inspección de antigüedades que tenía encomendada ¹⁶. No obstante, y tras varias deliberaciones, el proyecto fue finalmente acogido por la institución, pero sin perjuicio ni menoscabo de sus funciones¹⁷.

Manuel González Salmón, secretario de estado de Fernando VII, Vicente López, ca. 1826.

©Real Academia de Bellas Artes San Fernando

Aunque no hemos tenido la oportunidad de consultar la exposición original, sí conocemos el espíritu del proyecto por el consiguiente informe remitido por la Real Academia de la Historia a Manuel González Salmón y en el que se expresan ideas muy interesantes respecto al carácter que habría de tener dicho Museo de Antigüedades¹⁸.

En efecto, la idea expuesta por Musso, Gómez de la Cortina y Montenegro es que: "sería conveniente formar un Museo de Antigüedades en que además de recogerse y coordinarse las preciosidades que ya posee en diversos parages y adquiriese en lo sucesivo S. M. se formase una biblioteca escogida del mismo asunto, y se estableciesen enseñanzas de geografía antigua, inscripciones, numismática y demás asuntos pertinentes a Antigüedades". Es decir, la propuesta era formar un museo con las colecciones de antigüedades de propiedad real de distintos establecimientos, aunque no se especifican cuáles, como un centro de investigación y de enseñanza superior con, de acuerdo a los criterios entonces imperantes, la creación de cátedras que abrazaran todos los ramos de las Antigüedades con apoyo de una biblioteca especializada.

Como es lógico, la Academia apoyó sin fisuras la conveniencia de llevar a cabo la formación de este museo y que estuviera bajo su cargo, ya que lo consideraba propio de la naturaleza de su instituto en consonancia con la real cédula sobre inspección de antigüedades del reino de 1803, que precisamente había mandado observar el rey en dos ocasiones, como hemos visto. Cabe señalar que la intención de la Academia es, por tanto, la de formar un museo de antigüedades españolas, que habría de nutrirse a través del ejercicio de la inspección de antigüedades¹⁹.

También consideraba la Academia que para desempeñar estas labores que tenía encomendadas y especialmente para el establecimiento del Museo era primordial que se le asignase un edificio proporcionado a este objeto y fin, ya que su entonces sede en la Casa de la Panadería era a todas luces insuficiente.

La resolución real comunicada por Manuel González Salmón el 1 de mayo de 1830, aprobaba la formación del museo, pero indicaba escueta y claramente que: "se tome en consideración cuanto expone esa Real Academia para promover tan importantes obgetos cuando haya proporción y medios para verificarlo"²⁰.

Al problema de la situación del Real Tesoro para llevar a cabo el proyecto irá indisolublemente unido a partir de este momento el de encontrar un edificio adecuado, que a la larga constituyó siempre uno de los inconvenientes más importantes de solventar, como señalaba Diego Clemencín en 1832: "La falta de lugar conveniente y otras circunstancias han impedido hasta ahora a la Academia como deseara, el verificar este hermoso proyecto, cuya ejecución anhelan todos los amantes de nuestra ilustración, y donde la reunión de todos los objetos de este genero que se hallan esparcidos en los establecimientos públicos de la Corte y de España, junto con los que se descubriesen en lo sucesivo, pudieran formar un establecimiento digno de la cultura de nuestros tiempos, y que contribuiría eminentemente a documentar la gloria del presente reinado".

El asunto se retomó de nuevo a raíz de una real orden de 17 de diciembre de 1832 en la que el recién creado ministerio de Fomento General del Reino solicitó informe acerca del estado de la Real Academia de la Historia. En la memoria remitida por la Academia el 18 de enero de 1833 se recordaba de nuevo el proyecto del establecimiento de un Museo de Antigüedades. En el oficio consiguiente de la resolución real comunicada de real orden por el ministro de Fomento General del Reino, Narciso Heredia, conde de Ofalia, se asume la formación del Museo de Antigüedades, pero condicionada por el estado del Real Erario que buscaba nivelar las cargas públicas que sobre él pesaban, se dice lo siguiente:

“He dado cuenta al Rei N.S. de la Memoria, que en cumplimiento de 17 de diciembre último ha formado esa Academia, manifestando su origen, las tareas literarias en que se ha ocupado, sus gastos y fondos, y las mejoras que podrían adoptarse para que desempeñase más cumplidamente los objetos de su instituto, y se estableciera un Museo de Antigüedades donde pudieran ostentarse los monumentos históricos que posee S.M. se halla penetrado de la importancia de estas medidas, y desea vivamente que las circunstancias permitan ponerlas en ejecución, como se manifestó a la Academia en Rl. Orden de 1º de mayo de 1830; pero fijando su soberana consideración en la necesidad de nivelar las cargas públicas que pesan sobre el Rl. Erario, con el fomento de los establecimientos literarios quiere que estos por su parte coadyuven del modo posible a sostener sus expensas, ya publicando obras, que excitando el interes y curiosidad general, proporcionen en su venta algunos rendimientos, puesto que las dadas a la luz hasta ahora manifiesta la Academia no son de las que producen ventajas pecuniarias a autores; y ya meditando los arbitrios que le sugiera su celo para llevar a cabo toda idea bien concebida de perfección y demejora”.

Y respecto a la instalación del Museo de Antigüedades se resuelve que:

“Que haga presente si el local que ocupa en la actualidad es susceptible de mayor ampliación mediante algunas obras para colocar comodamente la Biblioteca y los objetos de antigüedades que posee, y no siendolo indique el edificio que podría destinarsele, remitiendo en ambos casos el presupuesto de gastos de la obra o de traslación y arreglo, y con la cantidad de su dotación actual se podría contar para ello, aunque se suspendiese por ahora la publicación de las obras preparadas para la prensa, teniendo presente que el estado actual del Rl. Tesoro no permite la dotación de cátedras para el estudio de las antigüedades, a menos que la Academia no medite y proponga arbitrios para realizarlo sin aumentar los Presupuestos”²¹.

Por consiguiente, ante la inclinación tanto del Rey como de su ministro hacia el establecimiento del Museo de Antigüedades el desarrollo del proyecto quedó condicionado, no sólo por la falta de fondos, sino a la necesidad de encontrar un edificio adecuado, por lo que la Academia nombró una comisión en abril de 1833 que se encargara de buscar dicho edificio, compuesta por Tomás González Carvajal, Justo José Banqueri y Marcial Antonio López, barón de Lajoyosa²². Pese a que Fernando VII falleció el 29 de septiembre de 1833 el proyecto fue asumido por los siguientes gobiernos moderados de la Regencia, como se verá a continuación.

El Museo de Antigüedades en el primer Estado Liberal (1833-1843)

La transición del antiguo al nuevo régimen va a suponer un período de profundos cambios en la estructura administrativa del Estado, en el que prima un marcado carácter centralista, que van a configurar un panorama bien distinto al anterior, en cuanto a la protección y conservación del patrimonio cultural español. Asimismo, es importante destacar que, como se ha señalado, se extendió a partir de ahora entre los responsables de la política cultural la firme convicción de que era conveniente y necesaria la recuperación científica del pasado que legitimara la unidad nacional, y esta tarea se le confió a la Real Academia de la Historia²³

Una de las primeras medidas, que va a ser determinante en la gestión del patrimonio cultural por el Estado Liberal será la nueva estructura territorial con la creación de las provincias, por real decreto de 30 de noviembre de 1833. Así el cuidado o protección monumental mueble e inmueble fue encomendado a los Jefes Políticos de la Provincia, es decir, a los Gobernadores Provinciales, y dependerá en última instancia del Ministerio de la Gobernación, posteriormente denominado Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1851) y finalmente Ministerio de Fomento, del que dependía la Dirección General de Instrucción Pública (1851-1900). Durante el período de las regencias, de María Cristina de Borbón primero y del general Espartero después, se van a perfilar ya los elementos que configurarán las distintas medidas adoptadas por el Estado Liberal y que caracterizarán el reinado de Isabel II (1843-1868), en un proceso sujeto a constantes cambios, aunque con un predominio claro de la política cultural del partido moderado y la Unión Liberal, de clara inspiración francesa.

Como consecuencia de la reactivación de la desamortización por real decreto de 29 de julio de 1835 se crearon unas comisiones, integradas por individuos designados por los Jefes Políticos que después, en 1837, ante las denuncias de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, pasaron a denominarse Comisiones Científico y Artísticas, que fueron las encargadas de reunir los objetos librarios, documentales y artísticos, con los que se formaron las primeras Bibliotecas públicas y Museos de Bellas Artes y Antigüedades en las provincias en que se instalaron, que no fueron todas²⁴.

Por otra parte, cabe señalar que en estos momentos se produjo, por real decreto de 25 de noviembre de 1836, la nacionalización de la Real Biblioteca, que pasó a denominarse definitivamente Biblioteca Nacional y a depender del entonces Ministerio de Gobernación²⁵. Por su parte también se nacionalizó el Real Museo de Ciencias Naturales, por real decreto de 21 de septiembre de 1837 por el que se suprimió la Junta de Protección y se creó la Junta Gubernativa del Museo Nacional de Ciencias Naturales, formada por catedráticos universitarios.

Las medidas adoptadas por los gobiernos liberales durante la Regencia en la protección del patrimonio histórico-artístico no influyeron en el servicio de inspección de antigüedades de la Real Academia de la Historia que continuó ejerciendo, aunque no sin ciertas dificultades con las nuevas autoridades provinciales y municipales. Por ello, y para mejor coordinación con dichas autoridades, se creó en estos años la figura del Inspector de Antigüedades, inspirada en su homóloga francesa, aunque con un perfil netamente distinto²⁶.

Como tampoco afectaron al proyecto de establecimiento del Museo de Antigüedades a su cargo, como así queda atestiguado en sus actas: "Con este motivo se trató de la necesidad de buscar un edificio, donde pueda establecerse un Museo de Antigüedades, y se acordó que la Comisión, nombrada tiempo ha para esto, no pierda de vista este objeto, estando al cuidado de lo que sobre él pueda adelantarse"²⁷. En efecto, la Academia solicitó a la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón, por conducto de Narciso Heredia, conde de Ofalia, que continuaba como ministro de Fomento General del Reino, que se le concediera el edificio de la Aduana Vieja, que había sido destinado en los últimos años a cuartel de Voluntarios Realistas, "para formar un Museo de Antigüedades españolas, al modo de los que tienen otras naciones doctas de Europa, en que se reuniesen y ordenasen las antigüedades que ya posee y las que pudieran agregarsele en lo sucesivo, de una manera útil no solo para la ilustración del público, sino también para ornamento de la Corte, decoro de la Nación y honor del Gobierno, edificio que permitiría, además, colocar la Biblioteca"²⁸. Por real orden de 7 de enero de 1834 se comunicó a la Real Academia de la Historia que el edifico de la Aduana Vieja estaba destinado al establecimiento de Escuelas de Ingenieros de Caminos²⁹. Poco tiempo después la Academia, por iniciativa de su director Martín Fernández de Navarrete y para evitar que algunas de las empresas académicas quedasen expuestas a su abandono y destrucción por las novedades introducidas, propuso a la Academia que se solicitase al Gobierno se le asignase el edificio del colegio de Doña María de Aragón: "[…] pues la Academia necesita algunas piezas para su Biblioteca de impresos y manuscritos con la debida separación, otras para el gabinete de antigüedades que tiene S. M. mandado establecer, y para el monetario"³⁰.

Martín Fernández de Navarrete, director de la Real Academia de la Historia y viceprotector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

©Museo Nacional del Prado

Aunque le fue ofrecido por el Gobernador Civil de la provincia de Madrid, como Presidente de la Junta de distribución de Conventos suprimidos, el Convento de los Trinitarios Descalzos³¹ fue, sin embargo aceptado el ofrecimiento de la llamada "Casa del Nuevo Rezado" (sede actual de la Academia, en la calle León), según consta en el oficio del entonces ministro de la Gobernación, Martín de los Heros, al Secretario del Despacho de Hacienda, en el que le dice: "[...] se ha servido S.M. resolver que si para la conservación y buena colocación de tantas preciosidades, como para el establecimiento de un Museo Histórico pida al Ministerio de V. E. la Casa llamada del Nuevo Rezado en esta Corte, la cual por haber sido expresamente construida para almacén y guarda de libros del Nuevo Rezo, es la más a propósito o acaso la única para la residencia de un cuerpo tan útil y digno como la Real Academia"³². No obstante, la Real Academia de la Historia no pudo tomar posesión definitiva de este edificio en la calle León, obra de Juan de Villanueva, hasta muchos años más tarde, en 1874.

En este estado de la situación el ministro de la Gobernación, marqués de Someruelos, solicitó por real orden de 21 de junio de 1838, que la Academia informase, entre otras cosas: "Sobre la formación de un Museo de Antigüedades, unido o no a la Biblioteca Nacional y la conveniencia de pasar desde luego a esta los idolos, utensilios, vasos sagrados y demás objetos antiguos que existen en el Gabinete de Historia Natural de esta Corte. Igualmente sobre la oportunidad de trasladar a establecimientos más propios la colección de conchas y mariscos, las armas antiguas y cañones que existen en la Biblioteca Nacional"³³.

En el informe despachado por la Academia, firmado por José de la Canal, José Canga Argüelles, Juan Bautista Barthe y Martín Fernández de Navarrete, opinaban sobre este punto que: "Estando ya mandado por Rl. Orden de 18 de marzo de 1833 que el Museo o Gabinete de Antigüedades esté a cargo de la Academia de la Historia, como objeto propio de su instituto, y hallándose confirmada esta disposición por el actual Gobierno, extendiéndola al cuidado de la Biblioteca, monetario y antigualla, que pertenecieron a la empresa de la España Sagrada, con cuyo objeto se ha concedido a la Academia la Casa del Nuevo-Rezado calle de León, parece que nada hay que alterar en cuanto a esto sino facilitar los medios de llevarlo a efecto, ya disponiendo como convenga a salas del edificio y sus habitaciones que reuniendo en él cuantas antiguallas existan en la Biblioteca Real, en el Gabinete de Historia Natural (donde deberán conservarse las colecciones de conchas y mariscos) o en otros establecimientos. Reunidos allí todos estos monumentos de la antigüedad se verá si en cuanto a las armas y utensilios o máquinas militares, convendrá trasladar algunas a la Academia o al Museo del Cuerpo de Artillería"³⁴.

En estos documentos se alude a dos cuestiones que son de cierta importancia. Por una parte, a la cuestión de si el Museo debía o no estar unido a la Biblioteca Nacional, puesto que en este establecimiento existía, como sabemos, un Gabinete de Antigüedades a cuyo frente estaba Basilio Sebastián Castellanos de Losada desde 1836. La opinión de la Academia respecto a este punto fue clara³⁵. El segundo de ellos es el relativo a con qué colecciones había de constituirse el Museo, en el que ya parece que en el ministerio se perfilaba la idea de formar el museo con las colecciones de antigüedades tanto de la Biblioteca Nacional como del Museo Nacional de Ciencias Naturales, aunque la Real Academia de la Historia pretendía formar un museo de antigüedades españolas que ilustrase la historia nacional. Sin embargo, no tenemos constancia, por el momento, de que el Gobierno tomase una determinación sobre este asunto, por lo que el proyecto quedó congelado, muy probablemente debido a la falta de fondos por la guerra carlista y a que la Academia no pudo establecerse en el edificio concedido.

No obstante, cabe señalar que en consecuencia con este plan a partir de estos momentos la Real Academia de la Historia, no sólo impulsó la creación de varios museos de antigüedades provinciales en Mérida, Sevilla y Tarragona³⁶, sino que comenzó a desarrollar una política de adquisiciones de antigüedades españolas que fue intensificándose en los años consecuentes.

Reinado de Isabel II: Primera Década Moderada y Bienio Progresista (1844-1856)

Una de las medidas más importantes de la política cultural del moderantismo, en el marco de la reorganización de la instrucción pública y de la protección y administración del patrimonio cultural fue, como es bien conocido, la creación de la Comisión Central y Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, por real orden de 13 de junio de 1844 y las instrucciones para su aplicación por real orden de 24 de julio de este mismo año. Sin embargo, la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos, causaron una gran preocupación en el seno de la Real Academia de la Historia, ya que vio peligrar las atribuciones que se le tenían encomendadas por ley en la inspección de las antigüedades³⁷. En consecuencia, la Real Academia de la Historia solicitó a la Reina³⁸ que se le transfiriesen las atribuciones de la Comisión Central, coordinadora de las provinciales³⁹, aunque le fue denegado por real orden de 16 de agosto de 1844 por el entonces ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal (1799-1865), al alegar que las atribuciones de las Comisiones eran de naturaleza administrativa más que científica y que, además, estas medidas en nada menoscababan sus atribuciones sobre la inspección de antigüedades⁴⁰.

La situación era realmente delicada para la Academia, ya que también sintió amenazadas sus atribuciones al declararse Nacional (5 de abril de 1844) la Academia Española de Arqueología, sociedad científica privada fundada por Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Francisco Bermúdez de Sotomayor, Pedro González Mate y Nicolás Fernández⁴¹. La Real Academia de la Historia elevó su queja al ministro de Gobernación⁴² que fue atendida inmediatamente y a los pocos días se le revocó a la Academia Española de Arqueología su condición de Nacional, por lo que la inspección de las antigüedades españolas continuó bajo el estricto control de la Real Academia de la Historia⁴³.

En definitiva, pese a la creación de las Comisiones Provinciales y Central y de la Academia Española de Arqueología, la Real Academia de la Historia conservó intactos todos sus derechos y deberes sobre la inspección de antigüedades, pero se originó una situación administrativa ambigua al no delimitarse convenientemente las atribuciones de ambas corporaciones, que acabó por resolverse en los últimos años del reinado. Como ya hemos señalado, la Academia tomó una serie de medidas para reforzar el desempeño de la inspección de antigüedades, que ya habían sido anunciadas en la exposición a la Reina, como fue la reorganización de sus estatutos y reglamento, tan sólo en lo relativo a los académicos correspondientes. En efecto, en 1845 se llevó a cabo una reforma de los estatutos y reglamento de 1792, en lo que concernía exclusivamente a la admisión de los correspondientes, esenciales en el desempeño de la inspección de antigüedades.

De hecho, en estos años la Academia no sólo ejerció este cometido, sino que continuó perseverando en llevar a cabo el encargo de formar el que por primer vez se denomina Museo Central o Nacional de Antigüedades que se le había asignado 20 años antes. En efecto, a comienzos de 1853 se planteó de nuevo al gobierno, tal y como consta en las actas académicas el establecimiento de un Museo Central de Antigüedades: "Se conferenció con este motivo sobre la conveniencia de establecer un Museo Central de Antigüedades en la Academia, nombrándose para formar y presentar el proyecto y proponer la exposición o exposiciones que hayan de dirigirse al gobierno a los Señores Caveda y Ríos"⁴⁴. El proyecto elaborado fue presentado al Ministro de Gracia y Justicia, en el que entonces recaían estas competencias, y se acordó además enviarlo también a Antonio Benavides Fernández de Navarrete, recién nombrado ministro de la Gobernación, por lo que se aumentó la Comisión con Antonio Cavanilles y el director de la Academia, Luis López-Ballesteros⁴⁵, quien, tras su presentación, comunicó a la Academia: "El Sr. Director como Presidente de la Comisión que fue encargada de presentar al Sr. Ministro de la Gobernación el proyecto de la Academia para la creación de un Museo Nacional de Antigüedades, manifestó que la Comisión había cumplido su encargo, oyendo del Señor Ministro las mas satisfactorias ofertas de emplear sus facultades en el servicio público en cuanto la Academia le propusiera"⁴⁶. Sin embargo, Benavides, que era académico numerario desde 1847, cesó en abril de ese mismo año, y fue sustituido, tras el breve paso de Pedro Egaña, por Luis José Sartorius, conde de San Luis, depuesto a su vez por "la Vicalvarada", con la que se iniciaba el Bienio Progresista.

De que este Museo Central de Antigüedades habría de estar a cargo de la Academia de la Historia también quedó reflejo en el real decreto de 15 de noviembre de 1854 (Gaceta de Madrid 17/11/1854), firmado por el ministro de Fomento, Francisco de Luxán, sobre la reorganización de la Comisión Central y Provinciales de Monumentos en el que en el capítulo III (Disposiciones generales), art. 33 se dice: “Donde no se hubiesen establecido museos provinciales, y por la escasez de objetos arqueológicos é históricos ya reunidos se haga imposible su erección, se pondrán estos á disposición de la Real Academia de la Historia, por conducto de la comisión central de monumentos artísticos, para plantear en la capital del reino un museo arqueológico general”.

En esta década, la Real Academia de la Historia continuó su política de adquisiciones de antigüedades españolas, como dan buena muestra los nuevos ingresos de importantes piezas que se produjeron en estos años en su gabinete de antigüedades, entre las que cabe destacar piezas de gran relevancia como el Disco de Teodosio, el tríptico relicario del monasterio de Piedra, los bajorrelieves asirios del palacio de Senaquerib o el Tiraz de Hixem II⁴⁷.

Finalmente, hay que considerar otra medida importante a tener en cuenta, también impulsada por la Real Academia de la Historia, y esencial en el proceso de creación del Museo Arqueológico Nacional, que fue la creación de la Escuela Superior de Diplomática por Real Decreto de 7 de octubre de 1856, un centro superior especializado en el que se impartieron las enseñanzas de Paleografía, Archivística, Bibliografía, Latín, Historia de España, Numismática, Epigrafía, Historia del Arte y Arqueología, en el que se formarían los futuros funcionarios conservadores de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Reinado de Isabel II. Segunda Década Moderada (1857-1868)

Pese a que, como hemos visto, no cuajó aún la propuesta de la Academia de crear el Museo Central de Antigüedades en 1853, el proyecto no fue ni mucho menos olvidado por las autoridades competentes, esto es, el Ministerio de Fomento y su Dirección de Instrucción Pública estuviera bajo el control de los unionistas o moderados, pero aún habrían de darse algunos pasos más para que el proyecto cristalizase.

A la fundación de la Escuela Superior de Diplomática siguió la creación, por real decreto de 17 de julio de 1858, del Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (en el decreto fundacional del Museo Arqueológico Nacional se incorporaron los Anticuarios) que pasaba a depender de la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento.

Cabe recordar que un año antes se había promulgado la Ley de Instrucción Pública, una disposición de gran importancia que reguló y dio una nueva organización a los estudios primarios, secundarios y superiores, pero que también afectó a la reorganización de la administración del patrimonio histórico-artístico ya que, debido al insatisfactorio funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Monumentos (recordemos que a ellas se les tenía asignado el cuidado de los museos provinciales), la Comisión Central fue suprimida por el art. 161 de la ley y las Comisiones se pusieron bajo el cuidado de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Los monumentos arqueológicos, se entendían que ya estaban a cargo de la Real Academia de la Historia, por lo que no se especificó en la Ley.

Por otra parte, es oportuno señalar otras medidas que tuvieron lugar en estos momentos que son de cierta importancia. Una de ellas fue la creación por iniciativa de la Real Academia de la Historia, para incentivar las investigaciones arqueológicas, del Premio por descubrimientos de antigüedades cuyo programa fue publicado en abril de 1858. La distribución del programa se canalizó a través del Ministerio de Gracia y Justicia, del Ministerio de la Gobernación, por lo que se insertó en la Gaceta de Madrid y en los Boletines Oficiales de las Provincias y, especialmente, del Ministerio de Fomento. Este último elaboró una circular que se remitió, junto a el programa de la convocatoria, a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Montes y Minas, a las Juntas de Agricultura, Sociedades Económicas, Comisiones de Monumentos, Academias de Bellas Artes, Universidades, Institutos, Escuelas especiales, Archivos y Bibliotecas, que dependían de este Ministerio. La convocatoria fue realmente un éxito, especialmente entre 1859 y 1861, y a ella están asociadas algunas de las más importantes contribuciones de este periodo de la arqueología isabelina.

Otra iniciativa importante fue la intención de promover una Ley de Excavaciones y Antigüedades. Ante la petición de varios particulares para realizar excavaciones además de reclamar la propiedad de los objetos recuperados, la Real Academia de la Historia propuso al Ministerio de Fomento la necesidad de elaborar un proyecto de ley que regulase las excavaciones y antigüedades en 1858, que fijara los términos en que se habían de hacer los descubrimientos de antiguos monumentos, la relación entre el descubridor y el dueño del terreno, el destino y propiedad de los objetos hallados y los permisos e indemnizaciones que hubieran de concederse. Un año y medio después la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento, del que era entonces su titular Rafael de Bustos, marqués de Corvera, mandó porreal orden del 14 de diciembre de 1859 que la Academia formase un extenso proyecto de ley. Sin embargo, dicho proyecto de ley, que le fue encargado a una comisión académica formada por Antonio Cavanilles, Antonio Delgado, José Caveda, José Amador de los Ríos, Salustiano de Olózaga, Aureliano Fernández-Guerra, Pedro Sabau y Pedro Gómez de la Serna, fue reclamado en distintas ocasiones por la Dirección General de Instrucción Pública entre 1862 y 1868, pero nunca fue despachado ni entonces ni posteriormente. Aunque hoy nos pueda parecer extraño, la cuestión no era ni mucho menos sencilla, pues chocaba de lleno con el principio de la propiedad privada frente a la estatal que ensalzaba el espíritu de la Constitución de 1845, lo que afectaba de lleno a la propiedad de las antigüedades.

José Amador de los Ríos, de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, secretario la Comisión Central de Monumentos y segundo director del Museo Arqueológico Nacional, por Federico de Madrazo, 1876.

©Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ambas iniciativas son en realidad indicativas de la toma de conciencia de la necesidad de crear definitivamente un museo arqueológico central o nacional, de acuerdo al intenso incremento que las actividades e investigaciones arqueológicas estaban teniendo lugar. De ello es ilustrativo el debate en el senado entre el marqués de San Carlos y el ministro de Fomento, marqués de Corvera, sobre la imperiosa necesidad de crear el museo, publicado en la Gaceta de Madrid de 12 diciembre de 1860

De hecho, el ministerio de Fomento había encargado pocos meses antes, el 15 de octubre de 1860, al arquitecto Francisco Jareño, catedrático de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura un anteproyecto de un edificio destinado a Ministerio de Fomento, Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico y Numismático y Museo Nacional de Pintura y Escultura a la vez que se le encarga al académico Francisco Enríquez Ferrer la formación de otro anteproyecto para Bibliotecas y Museos Nacionales, en una parte del solar de la antigua Escuela de Veterinaria, que concluye en 1864 y presenta definitivamente a la Junta de Bibliotecas y Museos Nacionales en 1865. El edificio se comenzó a construir en abril de 1866, siendo ministro de Fomento el unionista marqués de la Vega Armijo.

Mientras tanto, se produjo una nueva reforma de las Comisiones Provinciales de Monumentos, con la creación de la Comisión Mixta que en un principio se denominó de Correspondientes, y más tarde, Organizadora de las Provinciales de Monumentos. Su primera formación estuvo compuesta por Aníbal Álvarez —que a los pocos meses fue sustituido por Narciso Pascual y Colomer— y José Amador de los Ríos, por la Academia de San Fernando y Antonio Delgado, Modesto Lafuente y Carlos Ramón y Fort, por la Academia de la Historia. La Comisión Mixta fue la encargada de redactar el nuevo Reglamento de las Comisión Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, que fue firmado por José Amador de los Ríos y Carlos Ramón y Fort, como representantes de cada una de las Reales Academias, y aprobado el 29 de septiembre de 1865 y por la Reina el 24 de noviembre de 1865, siendo ministro de Fomento, el marqués de la Vega Armijo. Tal y como se especifica en el art. 4 del reglamento: "Las Comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos, así reorganizadas, son inmediatas representantes de las expresadas Reales Academias de San Fernando y de la Historia, en cuanto a los fines de instituto, conforme a las leyes y disposiciones vigentes". Desde ahora las Comisiones de Monumentos estarán compuestas por cinco correspondientes de ambas Academias, los más antiguos de cada provincia. Sin embargo, la nueva reorganización y relanzamiento de la actividad de las Comisiones Provinciales de Monumentos se vieron retardadas debido a que hubo que nombrar los correspondientes necesarios en aquellas provincias que no alcanzaban el número suficiente. Esta labor ocupó gran parte de los años 1866 y 1867.

Constituido así el sistema de protección del patrimonio histórico-artístico, y sin esperar a la conclusión del edificio proyectado, se procedió a la creación definitiva del Museo Arqueológico Nacional por real decreto de  20 de marzo de 1867 como establecimiento independiente, siendo ministro de Fomento del gobierno de Narváez, Manuel Orovio Echagüe, tristemente famoso por su oposición al krausismo y la libertad de cátedra. El nuevo museo se constituyó, tal y como se había previsto muchos años antes, con las colecciones fundacionales del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y la colección de antigüedades del Museo Nacional de Ciencias Naturales, además de la colección de la Escuela Superior de Diplomática, estableciéndose provisionalmente en el llamado "Casino de la Reina", una propiedad de la Corona que con la aprobación de la ley del Patrimonio de la Corona en 1865, fue segregado y cedido al Estado.

La inauguración oficial, no obstante, tuvo lugar el 9 de julio de 1871, ocupando ya el trono el rey Amadeo de Saboya. Todo se desarrolló con la máxima solemnidad y asistieron junto al monarca “los ministros de Fomento y Marina, el presidente del Senado, comisiones del ayuntamiento y la diputación provincial, gobernador civil, capitán general, director de artillería, secretario del almirantazgo, directores de Fomento, general Milans, subsecretario de guerra, diputados y senadores”, como se recoge en la crónica en la Ilustración Española y Americana. La noticia se acompañaba de un grabado en el que se aprecia el montaje escenográfico del trono, banderas y entoldados preparados para la ocasión. Fue una solemne teatralización de la transferencia de las colecciones reales a lo que iban a ser los museos nacionales. La ceremonia estuvo adornada con una cantata (las crónicas dicen un himno) que compuso Emilio Arrieta y fue interpretada por la banda del regimiento de Cantabria y un coro de voces masculinas y femeninas del Conservatorio de Madrid bajo la dirección de José Inzenga. Todo un símbolo de lo que fue la transferencia de bienes de la corona a las nuevas instituciones del Estado.  En 1893 se trasladó al proyectado palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, su sede actual, donde fue formalmente inaugurado por la reina regente María Cristina el 5 de julio de 1895.

Casino de la Reina